Envejecimiento en América Latina y el Caribe
El envejecimiento poblacional es uno de los principales fenómenos demográficos en América Latina y el Caribe y el mundo. En 2022, viven 88,6 millones de personas mayores de 60 años en la región, que representan el 13,4% de la población total, proporción que llegará al 16,5% en 2030. Asimismo, la esperanza de vida para ambos sexos ha aumentado de 48,6 años en 1950 a 75,1 años en 2019. No obstante el retroceso de 2,9 años en 2021 respecto de 2019 por el impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), se espera que la esperanza de vida continúe aumentando en el futuro y llegue a 77,2 años en 2030.
El incremento en la proporción de personas mayores, así como la prolongación del curso de vida, supone oportunidades y retos para las sociedades e importantes desafíos en términos de políticas públicas. Esto fue lo que impulsó la aprobación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en 2002. El envejecimiento es un asunto de la más alta prioridad, que requiere acciones urgentes en varias esferas, para visibilizarlo y considerarlo desde las perspectivas de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad, poniendo la protección de los derechos de las personas mayores en el centro de las respuestas de política pública, e incorporando la visión y los compromisos que emanan de los instrumentos y acuerdos internacionales y regionales en la materia.
En 2021 se iniciaron las tareas orientadas al cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que tendrá lugar a nivel mundial en 2023 en el marco del 61o período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. El examen regional, al que aporta este documento, se realiza en el marco de la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en la sede de la CEPAL, en Santiago, del 13 al 15 de diciembre de 2022, año en que se conmemora el vigésimo aniversario de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.
El cuarto examen y evaluación del Plan de Acción brinda una oportunidad para evaluar el progreso que se ha hecho en los últimos años en la región respecto de las orientaciones prioritarias del Plan, a saber: personas de edad y desarrollo, fomento de la salud y el bienestar en la vejez y creación de entornos propicios y favorables. Asimismo, permitirá medir los avances en el cumplimiento de los acuerdos regionales sobre el tema, como la Declaración de Brasilia (2007), la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe (2012), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) y la Declaración de Asunción (2017), así como de acuerdos a nivel mundial como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Coincide, además, con el inicio del Decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable (2021-2030), que promueve el mejoramiento de la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades.
La Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores es una instancia oportuna para impulsar la acción y avanzar hacia el logro de la agenda de envejecimiento tanto a nivel regional como mundial. Para avanzar es necesario promover la creación y el fortalecimiento de redes interinstitucionales entre instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación y organizaciones de profesionales a fin de robustecer las acciones públicas y sociales en materia de políticas públicas y la incidencia de las personas mayores.
En el ámbito de las políticas públicas es preciso universalizar el acceso de las personas mayores a la protección social y los servicios de salud de calidad; impulsar la inclusión del tema del envejecimiento en las agendas de gobierno mediante la búsqueda de la adecuación y modernización legislativa, y el fortalecimiento de las instituciones a cargo de la coordinación de las políticas nacionales de atención al envejecimiento. Es necesario, asimismo, reforzar los mecanismos de recolección de información sociodemográfica desagregada por edad, sexo, pertenencia étnico-racial, morbilidad y condición de discapacidad.
También resulta indispensable fortalecer la capacidad técnica de los países con respecto a los retos que conlleva el cambio demográfico para la implementación de la Agenda 2030, reforzar el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias entre las instituciones rectoras que atienden los temas de las personas mayores fortaleciendo su protagonismo en la implementación y el seguimiento nacional de la Agenda 2030, y ampliar la participación de las personas mayores en el examen y desarrollo de propuestas para mejorar su situación y ejercer sus derechos.
Conozca más:
https://www.sladeinternacional.org/wp-content/uploads/2024/03/s2201043_es.pdf
